El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentará en junio un proyecto para desregular el mercado del corretaje inmobiliario. La propuesta implica modificaciones sustanciales en la normativa vigente, con el objetivo de facilitar el acceso al sector y permitir la operación a través de plataformas digitales, generando polémica entre distintos actores del rubro.
Puntos clave de la iniciativa de desregulación
El borrador del proyecto contempla eliminar la exigencia del título universitario y la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario, permitiendo que tanto personas físicas como jurídicas puedan actuar en este rol. Asimismo, se propone liberar los honorarios y comisiones, eliminando pisos mínimos y topes máximos, además de autorizar el desempeño simultáneo con otras profesiones o actividades lícitas. Otro aspecto relevante es la habilitación explícita para operar mediante plataformas digitales y entornos virtuales. Por último, se establece que el corretaje no estará sujeto a restricciones que impliquen barreras de entrada o distorsiones en el mercado.
Rechazo y argumentos de los colegios inmobiliarios
Los colegios profesionales inmobiliarios manifestaron su rechazo a la iniciativa, señalando que la habilitación y matriculación de corredores es una potestad provincial que no puede ser delegada a nivel nacional. Además, plantean que el corretaje conlleva responsabilidades patrimoniales, documentales y contractuales que no pueden equipararse a una simple actividad comercial. Según datos de estas instituciones, más del 95% de las operaciones inmobiliarias en Argentina cuentan con corredores matriculados, por lo que consideran fundamental mantener el control profesional.
Apoyo empresarial y debates internos en el oficialismo
La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) apoya el proyecto y propone substituir la matriculación obligatoria por seguros de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje para consumidores. Desde este sector argumentan que la matrícula funciona como una barrera artificial que reduce la oferta y eleva los costos de intermediación. En tanto, dentro del oficialismo existen diferencias: en 2023, una senadora nacional reconocía públicamente la función reguladora de los colegios, contraste con la línea más liberal que impulsa la actual propuesta legislativa.
