El jueves 14 de mayo de 2026, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, el Presidente de Chile, José Antonio Kast, junto con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, anunciaron la promulgación de la Ley Nº 21.813 de Desalinización, estableciendo un marco normativo para la producción de agua a partir del mar con prioridad para el consumo humano. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad hídrica en sectores clave como la minería, agricultura, desarrollo inmobiliario y turismo, promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo regional.
Impacto y beneficios de la nueva Ley de Desalinización
La ley establece un marco integral para la desalinización de agua de mar, lo que permitirá acelerar proyectos con mayor certeza y menor tiempo en la obtención de permisos, pasando de 7-10 años a un proceso estimado de 3-4 años. Esto favorecerá inversiones en plantas desaladoras multipropósito, mejorando la disponibilidad de agua potable y su uso en diversas actividades productivas, contribuyendo a cambiar las condiciones de vida de las comunidades.
Regulación y organización institucional
La Dirección General de Aguas (DGA) creará una Unidad de Desalación que centralizará funciones técnicas, administrativas y de atención a inversionistas y usuarios, consolidando capacidades dispersas actualmente. Además, esta unidad liderará la elaboración de reglamentos y la formulación de la primera Estrategia Nacional de Desalación que definirá prioridades territoriales, estándares técnicos y ambientales, modelos de financiamiento y coordinación con la planificación hídrica de cuencas.
Visión del gobierno y sector industrial
El ministro Martín Arrau destacó que la ley proporciona estabilidad y marco normativo a una industria con más de 20 años en operación, anticipando que la próxima década será clave para el desarrollo de la desalación en Chile. Por su parte, Alberto Kresse, presidente de ACADES, valoró el trabajo conjunto que permitió la ley y señaló que Chile lidera a nivel regional tanto en capacidad instalada como en políticas públicas, aunque reconoció la necesidad de avanzar en reglamentos y coordinación para consolidar esta fuente hídrica.
